El conflicto territorial que afecta a los Chimalapas ha cobrado nueva relevancia tras las declaraciones de Miguel Ángel García Aguirre, coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas (CNDCh). Según García Aguirre, la negativa de los ganaderos de Chiapas a llegar a un acuerdo con los chimalapas se debe a la presencia de 128 polígonos que han sido considerados ilegales en estas tierras. Esta situación ha intensificado las tensiones en la región, donde la lucha por la defensa de la tierra continúa siendo un tema candente.
Para respaldar su denuncia, García Aguirre presentó un documento de la Gaceta Parlamentaria fechado el 12 de enero de 2012, en el que se detalla un resumen del conflicto agrario que ha afectado a la zona. El texto, enviado por el entonces Procurador Agrario, Rosendo González Patiño, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, menciona que la implementación de resoluciones presidenciales sobre los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa ha impactado cerca de 47 mil hectáreas, donde coexisten propiedades que se han clasificado erróneamente como tierras nacionales.
La situación se remonta a la década de 1960, cuando los chimalapas comenzaron a organizarse para proteger sus derechos sobre casi 600 mil hectáreas, expulsando a empresas madereras que intentaron apropiarse de sus tierras. García Aguirre cuestiona cómo se han otorgado títulos de propiedad en un territorio que debería estar reconocido como comunal, señalando que los dueños de los aserraderos en Cintalapa jugaron un papel crucial en la modificación de la propiedad de la tierra, con el respaldo de funcionarios y asesores legales del gobierno chiapaneco.
A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución pacífica, la conciliación se ha visto obstaculizada por la existencia de ejidos que fueron creados después de que los chimalapas lograran sus resoluciones presidenciales. La resistencia más fuerte se concentra en áreas específicas como Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, en San Miguel, así como Canaán y Cal y Mayor, en Santa María Chimalapa. García Aguirre ha criticado la actuación de las autoridades, a quienes acusa de manejar la situación con ineptitud y de esperar que los chimalapas tomen medidas drásticas en defensa de sus derechos.
En medio de este panorama, se ha mencionado que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se ha comprometido a atraer el caso de Santa María Chimalapa, después de que se registrara una derrota en un juicio en el Tribunal Superior Agrario. García Aguirre ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la falta de acción judicial provoque enfrentamientos en la región, cuestionando la tardanza de las autoridades en resolver un conflicto que afecta a tantas familias y comunidades en el área.
